En una comunidad de propietarios pueden surgir situaciones en las que resulte necesario acceder al interior de una vivienda o local para reparar una tubería comunitaria, localizar una filtración, revisar una bajante, intervenir sobre una instalación general o ejecutar determinadas obras necesarias para el edificio.
En algunos casos, la negativa responde a una preocupación comprensible: el propietario no sabe exactamente qué se va a hacer, teme que puedan producirse daños en su vivienda o considera que la reparación podría ejecutarse desde otro lugar.
En otros casos, simplemente no existe colaboración y la negativa termina retrasando una actuación necesaria, pudiendo incluso aumentar los daños existentes.
La pregunta es, por tanto, clara: ¿puede un propietario impedir el acceso a su vivienda cuando la comunidad necesita realizar una reparación?
Como regla general, un propietario no puede negarse injustificadamente cuando el acceso resulte necesario para cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal.
Ahora bien, esto tampoco significa que la comunidad pueda entrar libremente en una vivienda, sin avisar, sin justificar la necesidad o al margen de los procedimientos legales.
La Ley de Propiedad Horizontal obliga a permitir determinadas reparaciones
El punto de partida se encuentra en el artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal.
En particular, su apartado c) establece entre las obligaciones de cada propietario la de consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de determinadas obras, actuaciones o servicios comunes, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.
Por su parte, el apartado d) establece la obligación de permitir la entrada en su piso o local a los efectos previstos en los apartados anteriores.
Por tanto, el hecho de que una tubería, bajante, conducción o cualquier otro elemento común discurra físicamente por el interior de una vivienda no hace que deje de tener carácter comunitario ni impide a la comunidad acceder para conservarlo o repararlo cuando resulte necesario.
Esta situación es especialmente frecuente en edificios en los que determinados elementos comunes se encuentran dentro de zonas privativas, como pueden ser:
- Bajantes generales.
- Conductos comunitarios.
- Tuberías y montantes.
- Instalaciones eléctricas generales.
- Elementos estructurales.
- Patios o espacios comunes de uso privativo.
- Conductos de ventilación.
- Instalaciones de calefacción comunitaria.
Si para revisar o reparar uno de estos elementos resulta necesario acceder a una vivienda o local, el propietario deberá facilitar razonablemente la intervención.
No todas las peticiones de acceso están justificadas
La obligación de permitir la entrada no significa que la comunidad pueda acceder a una vivienda simplemente porque resulte más cómodo para ejecutar una obra.
Debe existir una necesidad real, justificada y relacionada con la conservación, reparación o actuación comunitaria correspondiente.
Por ejemplo, si una instalación puede repararse razonablemente desde una zona común sin necesidad de afectar a una vivienda, puede ser conveniente estudiar esa alternativa.
La comunidad debería facilitar al propietario información suficiente sobre la intervención y explicarle:
- Qué problema existe.
- Qué elemento debe revisarse o repararse.
- Por qué resulta necesario acceder a su vivienda.
- Qué empresa o técnico realizará los trabajos.
- Qué zona de la vivienda puede resultar afectada.
- Cuánto tiempo aproximadamente requerirá la intervención.
- Qué medidas se adoptarán para proteger la vivienda.
- Cómo se repararán, cuando corresponda, los desperfectos ocasionados por los trabajos.
Cuanta más información se facilite, menor será la posibilidad de que aparezcan conflictos.
En nuestra experiencia, muchas negativas iniciales no responden a una intención de impedir la reparación, sino a la falta de información sobre qué se pretende hacer dentro de la vivienda.
¿Qué ocurre si la avería se encuentra dentro de la vivienda?
Una cuestión muy habitual consiste en determinar si la avería corresponde realmente a un elemento comunitario o a una instalación privativa.
No todo lo que se encuentra dentro de una vivienda pertenece necesariamente al propietario.
Una bajante general, por ejemplo, puede atravesar una vivienda y continuar teniendo carácter comunitario. Del mismo modo, una instalación privativa puede encontrarse junto a conducciones o elementos comunes.
Por ello, antes de iniciar una discusión sobre quién debe permitir el acceso o quién debe asumir el coste de una reparación, resulta fundamental identificar correctamente el origen de la avería y la naturaleza del elemento afectado.
Cuando existan dudas, será recomendable solicitar la intervención de un técnico o de una empresa especializada que determine el origen del problema.
Un diagnóstico incorrecto puede provocar que la comunidad reclame a un propietario una reparación que no le corresponde o, en sentido contrario, que se retrase injustificadamente una actuación sobre un elemento común.
El propietario tiene derecho a ser resarcido por los daños ocasionados
La obligación de permitir una reparación comunitaria dentro de una vivienda no significa que el propietario tenga que soportar los daños derivados de esa intervención.
El propio artículo 9.1.c) de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce el derecho del propietario a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados por las reparaciones o servidumbres que esté obligado a soportar.
Imaginemos que para sustituir o reparar una bajante comunitaria resulta necesario abrir una pared, desmontar un falso techo o retirar determinados revestimientos.
La necesidad de realizar esos trabajos no elimina el derecho del propietario a ser resarcido por los daños que la actuación comunitaria le haya ocasionado en los términos que legalmente correspondan.
Por este motivo, antes de comenzar los trabajos resulta muy recomendable documentar mediante fotografías el estado previo de la zona afectada.
También conviene determinar qué trabajos realizará la empresa contratada, qué elementos será necesario desmontar o demoler y cómo se gestionarán posteriormente los desperfectos derivados de la intervención.
Esta forma de actuar protege tanto al propietario como a la propia comunidad.
¿Puede el propietario imponer condiciones para permitir el acceso?
El propietario puede plantear condiciones razonables relacionadas con la organización de los trabajos.
Por ejemplo, resulta perfectamente lógico acordar previamente:
- Una fecha y una franja horaria.
- La presencia del propietario o de una persona autorizada.
- La identificación de los operarios.
- La protección de muebles, suelos y superficies.
- La duración aproximada de los trabajos.
Lo que no resulta razonable es utilizar estas condiciones para impedir o retrasar indefinidamente una reparación necesaria.
Por ejemplo, rechazar sistemáticamente durante semanas todas las fechas propuestas mientras continúa una filtración que está causando daños a otras viviendas podría constituir una negativa injustificada.
La colaboración debe producirse por ambas partes: la comunidad debe organizar la intervención procurando causar las menores molestias posibles y el propietario debe facilitar razonablemente el acceso necesario.
El primer paso debe ser intentar una solución amistosa
Cuando un propietario se niega inicialmente a permitir la entrada, no siempre resulta conveniente comenzar inmediatamente con un requerimiento formal o un procedimiento judicial.
En muchas ocasiones, el problema puede solucionarse explicando correctamente la situación.
El presidente o el administrador de fincas deberían informar al propietario de:
- El problema existente.
- La reparación o comprobación necesaria.
- El motivo por el que debe accederse a su vivienda.
- La justificación técnica o comunitaria de la actuación.
- La empresa o técnico que realizará los trabajos.
- Las posibles fechas de intervención.
- La forma en que se protegerán y, cuando corresponda, repararán los elementos afectados.
Si existe un informe técnico, fotografías, un parte de la aseguradora o cualquier otra documentación que permita comprender el problema, puede resultar conveniente facilitarla.
El objetivo inicial debe ser eliminar las dudas del propietario y conseguir que los trabajos puedan realizarse cuanto antes.
Si no hay colaboración, la solicitud de acceso debe quedar por escrito
Si las conversaciones informales no dan resultado, la comunidad debería realizar un requerimiento por escrito.
No es suficiente llegar posteriormente a una situación de conflicto y afirmar que “se habló varias veces con el propietario”.
Debe quedar constancia de que la comunidad solicitó el acceso, de las razones que justificaban esa solicitud y de las posibilidades que se ofrecieron para realizar la intervención.
La comunicación debería indicar claramente:
- La reparación o comprobación que debe realizarse.
- Por qué resulta necesario acceder a la vivienda.
- La urgencia de la intervención, si existe.
- Las fechas o alternativas propuestas.
- Los daños que puede ocasionar el retraso.
- Una petición expresa para que el propietario facilite el acceso.
Cuando la importancia del asunto lo justifique, deberá utilizarse un medio que permita acreditar tanto el envío como el contenido de la comunicación.
Esta documentación puede resultar fundamental si posteriormente es necesario acudir a otras vías para conseguir el acceso o reclamar los perjuicios ocasionados por una negativa injustificada.
¿Qué debe hacer la comunidad si el propietario continúa negándose?
Cuando exista una necesidad debidamente acreditada y el propietario mantenga una negativa injustificada, la comunidad puede verse obligada a acudir a la vía judicial para conseguir que se permita el acceso.
Es importante tener muy clara una cuestión:
La existencia de una obligación legal de permitir el acceso no autoriza a la comunidad, al presidente, al administrador de fincas ni a una empresa contratada a entrar por la fuerza en una vivienda.
El domicilio disfruta de una especial protección jurídica y cualquier actuación deberá realizarse a través de los procedimientos legales correspondientes.
Antes de iniciar cualquier actuación judicial conviene disponer de un expediente suficientemente documentado que pueda incluir:
- Informes técnicos.
- Fotografías.
- Presupuestos.
- Partes o informes de aseguradoras.
- Comunicaciones remitidas al propietario.
- Respuestas recibidas.
- Propuestas de fechas para realizar los trabajos.
- Descripción de los daños existentes.
- Actas o acuerdos comunitarios cuando resulten necesarios.
- Cualquier otro documento que acredite la necesidad de acceder a la vivienda.
Cuanto mejor documentada esté la actuación de la comunidad, más sencillo será acreditar la necesidad del acceso y la existencia de una eventual negativa injustificada.
¿Puede responder el propietario por los daños provocados por su negativa?
Esta cuestión puede tener especial importancia.
Imaginemos que existe una fuga en una bajante comunitaria y que para localizarla o repararla resulta necesario acceder a una determinada vivienda.
La comunidad solicita el acceso, pero el propietario se niega injustificadamente durante varias semanas. Durante ese tiempo la filtración continúa y termina provocando daños mayores en otras viviendas o elementos del edificio.
En una situación de este tipo puede plantearse la posible responsabilidad por los perjuicios adicionales ocasionados o agravados como consecuencia del retraso.
Ahora bien, esa responsabilidad no debe darse automáticamente por supuesta.
Será necesario acreditar, entre otras circunstancias:
- Que el acceso era realmente necesario.
- Que la comunidad lo solicitó adecuadamente.
- Que el propietario tuvo conocimiento de la situación.
- Que existió una negativa o un retraso injustificado.
- Que se produjeron daños.
- Que existe una relación entre el retraso y la producción o agravación de esos daños.
Por eso resulta tan importante que la comunidad documente correctamente todo el proceso desde el primer momento.
¿Qué sucede cuando existe una reparación urgente?
Las situaciones de urgencia requieren una actuación especialmente rápida.
La Ley de Propiedad Horizontal contempla como obligatorios determinados trabajos necesarios para el adecuado mantenimiento y conservación del inmueble y de sus instalaciones comunes, incluidos aquellos relacionados con la seguridad y habitabilidad del edificio.
Una fuga importante de agua, un problema eléctrico peligroso o cualquier otra incidencia capaz de provocar daños inmediatos debe gestionarse con la mayor rapidez posible.
En estas situaciones será especialmente importante localizar al propietario, explicarle la urgencia y advertirle de las consecuencias que puede tener retrasar el acceso.
No obstante, la urgencia de una reparación no convierte automáticamente en legítima la entrada por la fuerza en una vivienda.
Cuando exista un riesgo inmediato para personas o bienes y no resulte posible acceder normalmente al inmueble, deberán valorarse, con el asesoramiento profesional adecuado, las actuaciones legales o de emergencia que correspondan en función de las circunstancias concretas.
¿Y si el propietario no vive en el inmueble?
En muchas comunidades existen viviendas alquiladas, segundas residencias o inmuebles cuyos propietarios residen habitualmente en otra localidad.
Esta circunstancia puede dificultar la organización de una reparación, pero no elimina las obligaciones relacionadas con el inmueble.
El propietario deberá facilitar razonablemente el acceso cuando resulte necesario.
Puede hacerlo, por ejemplo, autorizando a:
- Un familiar.
- El inquilino.
- Una persona de confianza.
- Una agencia inmobiliaria.
- Cualquier otra persona que pueda facilitar la entrada.
Precisamente por situaciones como estas resulta especialmente importante que la administración de la comunidad disponga de datos de contacto actualizados de los propietarios.
Una avería puede surgir en cualquier momento y la imposibilidad de localizar al titular durante varios días puede agravar considerablemente los daños.
¿Qué ocurre si la vivienda está alquilada?
Cuando la vivienda está arrendada conviene diferenciar entre el propietario y quien ocupa efectivamente el inmueble.
La comunidad debería comunicar la situación al propietario y coordinar adecuadamente el acceso.
En la práctica, además, será necesario organizar la entrada con el inquilino u ocupante de la vivienda.
La existencia de un contrato de arrendamiento no debería convertirse en un obstáculo para realizar una reparación necesaria sobre un elemento común.
Una comunicación adecuada entre propietario, inquilino, presidente, administrador y empresa encargada suele ser la forma más eficaz de resolver estas situaciones.
La comunidad también debe respetar la vivienda del propietario
Las obligaciones no funcionan únicamente en una dirección.
El propietario debe permitir determinadas reparaciones, pero la comunidad debe actuar de forma proporcionada y limitar la intervención a aquello que resulte necesario.
Los operarios no deberían utilizar zonas de la vivienda que no guarden relación con los trabajos ni ampliar innecesariamente la intervención.
Además, resulta recomendable:
- Proteger adecuadamente suelos, muebles y demás elementos.
- Reducir en lo posible el polvo y la suciedad.
- Evitar daños innecesarios.
- Mantener informado al propietario.
- Realizar fotografías antes y después de los trabajos.
- Documentar las actuaciones realizadas.
- Gestionar adecuadamente los desperfectos ocasionados cuando corresponda.
Una buena organización reduce significativamente la posibilidad de conflictos posteriores.
Un protocolo práctico para las comunidades de propietarios
Cuando sea necesario acceder a una vivienda o local y aparezcan dificultades, resulta recomendable seguir un procedimiento ordenado:
1. Determinar técnicamente el problema
Antes de exigir el acceso, debe existir una razón suficientemente justificada para hacerlo.
2. Informar al propietario
Explicarle qué sucede, qué actuación se pretende realizar y por qué es necesario entrar en su vivienda.
3. Proponer una fecha concreta
Intentar coordinar los trabajos de forma razonable y causando las menores molestias posibles.
4. Documentar las comunicaciones
Si aparecen dificultades, las solicitudes y respuestas deben quedar por escrito.
5. Realizar un requerimiento fehaciente si persiste la negativa
Deberá explicarse la necesidad del acceso y las posibles consecuencias de continuar retrasando la actuación.
6. Conservar toda la documentación
Informes, fotografías, comunicaciones, presupuestos, partes de aseguradoras y cualquier otro antecedente relacionado con la incidencia.
7. Solicitar asesoramiento jurídico cuando sea necesario
Si la negativa continúa, deberá estudiarse la actuación legal adecuada para conseguir el acceso y, en su caso, determinar las responsabilidades que pudieran existir.
¿Cómo podemos ayudaros desde la administración de fincas?
El administrador de fincas desempeña un papel especialmente importante cuando existen problemas para acceder a una vivienda.
Su intervención permite centralizar las comunicaciones y evitar que una incidencia técnica termine convirtiéndose en un enfrentamiento personal entre vecinos.
Entre otras actuaciones, puede:
- Coordinar a la empresa reparadora.
- Recopilar informes, fotografías y presupuestos.
- Contactar con el propietario.
- Proponer y coordinar fechas de acceso.
- Dejar constancia documental de las comunicaciones.
- Informar al presidente y a la Junta de Propietarios.
- Coordinar técnicos, empresas y aseguradoras.
- Conservar la documentación relacionada con la incidencia.
- Solicitar asesoramiento jurídico cuando resulte necesario.
- Determinar si la actuación puede gestionarse directamente o requiere previamente algún acuerdo comunitario.
En ADIFIN Administración Integral de Fincas ayudamos a las comunidades de propietarios de Zaragoza a gestionar incidencias, reparaciones y conflictos relacionados con elementos comunes, coordinando propietarios, técnicos, empresas y órganos de gobierno de la comunidad para que las actuaciones necesarias puedan realizarse con la mayor agilidad y seguridad jurídica posible.